Información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.
Tijuana, Baja California, 1 de diciembre (Zeta).- Jesús Núñez Camacho, quien se venía desempeñando como OficialMayor en Baja California, solicitó este 1 de diciembre licencia temporal, con el fin de que la Secretaría de Honestidad y Función Pública aclare “con toda transparencia y prontitud” la denuncia en su contra, por su presunta participación en el cobro de “moches” a cambio de la promesa de otorgar contratos con proveedores; escándalo en que también se involucra a la secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes.
En un comunicado, se informó que Núñez Camacho afiirmó que la información difundida a través de redes sociales, sobre su participación en los presuntos “moches” junto con la funcionaria estatal, son falsos. Asimismo, negó haber participado en algún convenio o contrato, con la persona denunciante.
La licencia temporal tiene efecto a partir de este lunes 2 de diciembre y hasta que culmine la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
El funcionario estatal confió en que la situación se aclare lo más pronto posible, y que quede en evidencia que se trata de “un golpeteo político” por el trabajo que ha realizado en su cargo, y que según él “ha afectado intereses de ciertos grupos”.
La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Sin informar a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza, habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron “la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta semana.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.
